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ADICAE propone la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y más ayudas para el alquiler

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE) ha pedido la modificación urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), a la que responsabiliza de los más de 180 lanzamientos que se han producido en Extremadura en el primer trimestre del año.

Según datos del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Extremadura ha registrado en los tres primeros meses de 2019 un total de 184 lanzamientos, de los cuales 122 corresponden a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos; 49 proceden de ejecuciones hipotecarias y la cifra restante obedece a otros asuntos. Esto supone un aumento del 7% respecto al mismo trimestre de 2018, periodo en el que se realizaron 97 lanzamientos por impago del alquiler y 66 por ejecuciones hipotecarias.

Ante esta realidad, ADICAE considera que se debe fijar un índice de precios máximos por zona en relación directa con el Salario Mínimo Interprofesional, con el nivel de renta por habitante y con la tipología de la vivienda. Para la asociación resulta “contrario a toda lógica” que el precio del acceso a la vivienda, especialmente en alquiler, no se abarate y que los consumidores que quieren acceder a una vivienda se encuentren “en las mismas dificultades, o peores, que en tiempos del boom inmobiliario”. Mientras esto no sucede, es importante la dotación de mayores ayudas para el alquiler, especialmente para los consumidores más desfavorecidos.

Para poder frenar esta burbuja del alquiler, ADICAE propone una partida de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales en España y su revisión periódica de uso y condiciones. En este sentido, es imprescindible la creación de una bolsa con viviendas desocupadas para ponerlas en el mercado como viviendas sociales en alquiler.

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, la asociación considera que las administraciones deben promocionar e implementar las posibilidades para acceder a mecanismos como la reestructuración de la deuda, posibles quitas y la dación en pago que mejoren los derechos de los consumidores en este ámbito.

 

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