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El TSJ decidirá si es legal la actividad industrial en suelo protegido de Cáceres

Adenex recurre en vía judicial la modificación del Plan de Urbanismo promovida por el Ayuntamiento y aprobada por la Junta

El Plan de Urbanismo, de nuevo ante la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) tendrá que pronunciarse sobre si es legal o no la implantación de determinadas actividades en suelo no urbanizable protegido.

El colectivo conservacionista Adenex recurre en vía contencioso-administrativa contra la resolución de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio por la que se aprueba de forma definitiva esa «modificación puntual» del planeamiento urbanístico que consiste en «la implantación y regulación de usos y actividades en suelo no urbanizable protegido». El TSJ ya está analizando el expediente tras lo que en Adenex se reseña como un «anuncio de recurso», dentro del trámite procedimental. «Se ha solicitado la documentación que falta», avanzan en el colectivo. Con la misma se dará forma al recurso completo, lo que supondrá el punto de partida para un proceso judicial en el que también se ve afectado el Consistorio. Adenex solicita también la suspensión cautelar de la modificación mientras se decide la cuestión de fondo.

El Ayuntamiento ha recibido un escrito del jefe de Sección de Gestión de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura. Adjunta un oficio emitido por el TSJ sobre este caso, en concreto, por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La fecha es del 12 de diciembre. Se insta a que la administración se persone en el recurso presentado por Adenex en el procedimiento ordinario abierto.

El equipo de Gobierno local ha dado traslado del asunto a los servicios jurídicos municipales. La implantación y regulación de usos en suelo protegido es una de las modificaciones que se han llevado a cabo en el actual PGM, que se aprobó en marzo de 2010. Es en concreto una de las 26 que ya está en vigor, frente a otras cinco que todavía en tramitación y dos más en exposición pública.

Adenex ha dado el paso de recurrir a la vía judicial después de que sus alegaciones no se tomasen en consideración durante el periodo previo a la aprobación. Se esgrime, reseña Antonio Díaz, miembro de la asociación, el principio jurídico de ‘no regresión’ por el que se considera que una protección determinada para cierta zona no se puede suprimir salvo que haya argumentos de mucho peso. También critica que se elimine la distancia mínima de dos kilómetros al núcleo urbano para determinados usos o actividades industriales. Con ello, «se menoscaba el interés general de la conservación y la protección que establecía el PGM», añade. Considera un «fraude de ley» que para autorizar una actividad que es ilegal, abunda, «se modifique el Plan a su medida». Es una referencia a la empresa que promovió la modificación y que desarrolla una actividad de reciclaje en Los Llanos.

La explicación que se ofrece desde el Ayuntamiento es que una vez que el caso entra en sede judicial toca esperar a que se pronuncie el juez. Sin embargo, José Ramón Bello, concejal de Urbanismo, recuerda que se trata de un asunto que viene de lejos. El documento técnico de referencia que sirvió de base a la modificación puntual es de 2015.

El 21 de agosto de 2018, es decir, tres años después se publicó en el DOE la resolución de Medio Ambiente que formulaba la declaración ambiental estratégica. La aprobación definitiva de la modificación se dio a conocer, de nuevo, en el DOE el 25 de julio pasado. Se basa en una resolución de la Consejería de Medio Ambiente del 30 de abril. En la misma se apunta que el objetivo de la modificación del PGM para permitir la implantación de ciertas actividades en suelo protegido permite que «resulte compatible» la ordenación urbanística con la normativa medioambiental.

La modificación del Plan de Urbanismo trata de «fomentar la creación de paisajes en concordancia con nuevos espacios para la sostenibilidad, siempre buscando la integración de los procesos de transformación económica, social, industrial, territorial y ecológica», se reseña en el informe ambiental previo. Se añade que la posibilidad de implantar ciertos usos de actividad potenciaría «la dinamización y competitividad económica de Cáceres y los pequeños núcleos de población». Se alude a «incentivos económicos», «impulsar la creación de infraestructuras productivas y generación de empleo» o al «aumento de recaudación municipal» por IBI, tasas, licencias…

La conclusión es que ciertas actividades no serían compatibles con suelo protegido con la regulación antes de modificarse, sin embargo la actual legislación medioambiental ofrece las garantías necesarias para su protección si se cumple correctamente. Se entiende que sería contradictorio que actividades económicas que podrían ser autorizadas desde el punto de vista medioambiental en zona protegida no puedan obtener licencia por el planeamiento urbanístico. El TSJ tendrá la última palabra.

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