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Sanidad destina 22 millones de la renta básica a pagar facturas del SES

El Gobierno regional cambia el destino de 55 millones del Presupuesto de 2019 para poder asumir el gasto sanitario

El dinero de la renta básica sirve para pagar facturas del Servicio Extremeño de Salud (SES). Algo que tampoco debe extrañar, ya que en la actualidad la región tiene más problemas para atender los costes sanitarios que para cubrir las necesidades de los ciudadanos más desfavorecidos.

La Junta de Extremadura realizó en los últimos días del pasado año hasta siete modificaciones de crédito para cubrir el gasto en recetas, farmacia hospitalaria y material sanitario con dinero sobrante de varias partidas. Entre ellas, la renta básica, de la que se empleó para este fin cerca de 22 millones de euros.

La mayor de estas modificaciones tiene su origen en un acuerdo que fue adoptado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de octubre. Según recoge la documentación disponible, se debió a las medidas recogidas en el plan económico financiero 2018-2019 que hubo que elaborar por la desviación del déficit que se produjo en 2017.

El Ministerio de Hacienda hace un seguimiento del cumplimiento de estos planes y elabora propuestas al respecto. En este caso, en su informe sobre el primer trimestre del pasado año ya advirtió de un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2019, algo en lo que coincidió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

En estas circunstancias, la Ley de Estabilidad obliga a la Junta a ofrecer explicaciones. Así lo hizo, pero debido a que en caso de que en un segundo informe se pusiese de manifiesto que persistía el riesgo de incumplir los objetivos de estabilidad para 2019, lo que hubiese supuesto la aplicación de medidas de obligado cumplimiento, el Consejo de Gobierno decidió llevar a cabo un acuerdo de no disponibilidad de créditos por importe de 39,9 millones de euros. Ese dinero quedó por tanto inmovilizado y no se podía destinar al fin para el que estaba consignado, pero se mantenía en el Presupuesto autonómico.

La medida afectó principalmente a la Consejería de Sanidad, que aportó 25,8 millones de euros. La mayor parte, algo más de 24 millones, procede de ayudas sociales: 21,77 millones de la renta básica, 1,36 de los mínimos vitales y 1 millón de las subvenciones para contingencias. Por su parte, la Consejería de Economía aportó 12,1 millones, destinados inicialmente a cuestiones como ayudas a empresas (más de 6,4 millones) y partidas menores, como obras de la Dirección General de Turismo. El importe total se completó con fondos de Medio Ambiente y Rural (1,15 millones) Hacienda y Administración Pública (720.000 euros) y Cultura e Igualdad (105.000 euros).

Con ese dinero retenido, el Gobierno regional llegó al final del año con la necesidad de tomar medidas para atajar la desviación entre ingresos y gastos, y especialmente para aportar los fondos necesarios para asumir los costes de la sanidad extremeña.

Con ese fin, entre el 16 y el 17 de diciembre se llevaron a cabo dos modificaciones de crédito en la Consejería de Sanidad para aportar algo más de 12 millones de euros al pago de recetas y farmacia hospitalaria. La mayor parte, 10,35 millones, salió de dinero destinado a abonar intereses de demora, así como a servicios de informática, telecomunicaciones y maquinaria. El resto, 1,77 millones, era en su mayor parte sobrante de la primera fase del Hospital de Cáceres.

La documentación que acompaña a estas modificaciones señala que en ese momento había una deuda de 27,35 millones de euros con los colegios de farmacia por el pago de recetas, pero que solo había disponible 24,1 millones. Con las citadas aportaciones se saldaba esa cuenta. Asimismo, había 93,1 millones de euros de material y farmacia hospitalaria que habían sido abonados mediante confirming, la operación mediante la cual una entidad financiera anticipa el pago a los proveedores. En caso de que la Junta no saldara esa cifra, se convertiría en deuda financiera. A esto se sumaban otros 92,3 millones de facturas pendientes de aplicar a Presupuesto. Es decir, reconocidas, pero sin soporte para ser abonadas. En total, más de 185 millones de euros.

El siguiente paso fue recurrir a los 39,9 millones de euros que estaban retenidos desde octubre, para lo que se practicó una modificación de crédito que comenzó en noviembre y que se completó entre el 20 y el 27 de diciembre con otras dos, ya que primero se generó el ingreso en el SES y después se hizo el reparto a las partidas correspondientes. Ya a finales de año, había 88,08 millones de euros acogidos a la operación de confirming y 86,36 millones pendientes de aplicar a Presupuesto. Más de 154 millones en total.

Por último, los días 26 y 30 de diciembre se practicaron otras dos modificaciones, por 3,86 millones de euros, procedentes del fondo de reserva del SES y de sobrantes de construcciones. En ambos casos ese dinero se dedicó a farmacia hospitalaria. La documentación señala que en esas fechas, y a la espera de la aportación de 39,9 millones había más de 180 millones pendientes de abono. Con las modificaciones se pudo reducir a 130 o 140 millones. Una cantidad que se recogerá como déficit o deuda con proveedores.

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