147004819-kArG-U10061778039TUD-624x385@Hoy

Trabajadores del Ayuntamiento de Cáceres se niegan a hacer horas extra por los impagos acumulados

Los profesionales de la sección de Obras denuncian en un escrito dirigido al alcalde que los atrasos superan los tres meses establecidos

Trabajadores municipales se niegan a hacer horas extra por los impagos que acumula el Ayuntamiento. Lo explican en un escrito dirigido a Alcaldía. Los servicios de carácter extraordinario están regulados mediante una instrucción aprobada en pleno hace dos años y en la que se establece un límite de tres meses para que la administración abone sus emolumentos a su personal. Ese plazo no solo no se cumple sino que se alarga. Los afectados aluden a retrasos que vienen desde 2016 y sobre los que no reciben explicaciones del equipo de Gobierno, afirman.

En el documento enviado al alcalde, Luis Salaya, y al concejal de Recursos Humanos, Andrés Licerán, los funcionarios pertenecientes a la sección de Obras y Mantenimiento hacen suya una queja que se extiende a otras áreas municipales. «Es un problema general y pedimos al Ayuntamiento que cumpla el acuerdo aprobado en pleno y los plazos establecidos», remarca Jesús Solana, del sindicato CSIF. Representantes de Comisiones Obreras también están preocupados por este asunto.

En el documento elaborado se lamenta ese incumplimiento de los denominados «criterios aplicables a los servicios de carácter extraordinario para el personal del Ayuntamiento de Cáceres». Se recuerda que en dicho acuerdo «se establecía que la liquidación y abono de estos servicios se efectuaría en un plazo máximo de tres meses desde su realización». Hay retrasos que afectan a algunos profesionales desde hace cuatro ejercicios, abundan. «Esos trabajos extra se han acumulado en 2019 por las tres elecciones celebradas, en abril las Generales, en mayo las autonómicas y municipales y en noviembre la repetición de las generales. Ninguna de esas intervenciones que tuvimos se ha pagado y el montaje de San Jorge tampoco», detalla un profesional que prefiere reservar su identidad.

Las horas extra vienen siendo un dolor de cabeza para el Ayuntamiento en los últimos años. En 2015 el área de Personal ya encargó un informe sobre su mecanismo de funcionamiento tras una denuncia sindical que alertaba de «irregularidades» y cobro de cantidades desmesuradas. El Plan de Racionalización que diseñó el Consistorio para afrontar la crisis en 2012 incluía un ahorro de 290.000 euros en el pago de las horas extra. Se cambió el acuerdo-convenio y los funcionarios pasaron a cobrar en tiempo en lugar de en metálico. La nueva instrucción, aprobada por unanimidad en el pleno en 2018, recoge un tope de 60 horas extra. A partir de ahí, se abonan los servicios en tiempo de descanso. Si los trabajos se realizan de lunes a viernes antes de las 10 de la noche la proporción es de dos horas de libranza por cada una trabajada. Si se supera esa hora o es fin de semana o festivo, son tres horas libres por cada hora de trabajo.

Los funcionarios interesados en trabajar fuera de su jornada habitual deben inscribirse previamente. El problema, aseguran, es que mientras ellos sí cumplen con esa obligación el Ayuntamiento no cumple con la suya de pagar a tiempo. «Desde el año 2016 se han realizado distintos servicios extraordinarios», insiste el escrito pasado por registro el 14 de noviembre. Incide en que «algunos e estos servicios siguen pendientes de su retribución». Avanza que desde el 1 de enero «no realizaremos más horas extraordinarias». En la sección de Obras y Mantenimiento, que integran más de una veintena de trabajadores, matizan que, pese al malestar, no se ha dejado sin cubrir situaciones de emergencia que pudieran surgir.

Su solicitud es que se cumpla el acuerdo de pleno y puedan cobrar. Piden que «se regularice el pago de los servicios extraordinarios». «De nos ser así –advierten–, nos veremos en la necesidad de recurrir a otras medidas».

La única explicación que han recibido es que hay un profesional del área de Intervención de baja, lo que ha parado los procesos de pago. «Una plantilla de más de 600 trabajadores y se para la maquinaria por una baja», lamentan. En CSIF reseñan que si no se soluciona el problema, estudiarán la posibilidad de «iniciar un procedimiento judicial de reclamación de cantidades», avanza su representante, Jesús Solana.

El concejal de Personal aclaró ayer que se trata de un asunto que viene de lejos, pero que no ha generado el actual Gobierno municipal sino que se lo ha encontrado. «Hay retrasos de atrás. Se produce una baja en el área de Intervención y eso para el trámite de los expedientes. Cuando detectamos el problema decidimos crear una nueva plaza en la próxima RPT, que se lleva precisamente a la próxima mesa de negociación». Andrés Licerán cree que se trata de una cuestión administrativa y la voluntad del Ayuntamiento es solucionarla. «Nuestra disposición es abierta al diálogo y por supuesto a pagar las horas extra», resume. Según él, operarios de Obras, ordenanzas y en menor medida Jardines son los más afectados.

Comparte esta noticia

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

También te puede interesar